Un divorcio contencioso es el que se tramita cuando los cónyuges no presentan una propuesta conjunta: puede existir desacuerdo sobre el propio procedimiento o, más habitualmente, sobre la custodia, las pensiones, la vivienda, el patrimonio o los animales de compañía. Basta con que uno de los dos quiera divorciarse. El otro cónyuge puede discutir las medidas, pero no obligar a mantener el matrimonio.
En este procedimiento, el juez no busca quién tuvo la culpa de la ruptura. Su función es disolver el matrimonio y resolver, a petición de las partes y a partir de las pruebas, las consecuencias jurídicas del divorcio. Tampoco existe un plazo legal que permita saber de antemano cuánto durará todo el proceso: un asunto sencillo puede resolverse en varios meses, mientras que uno con menores, informes periciales, patrimonio complejo o recurso puede superar el año.
Qué puede decidir el juez en un divorcio contencioso
Esta distinción evita dos equívocos frecuentes: pensar que la sentencia resolverá cualquier conflicto de la pareja o que repartirá automáticamente todo el patrimonio.
| Cuestión | ¿Puede resolverse en el divorcio? | Matiz importante |
|---|---|---|
| Disolución del matrimonio | Sí | No exige demostrar una causa ni contar con el consentimiento del otro cónyuge. |
| Patria potestad, guarda y custodia | Sí | La decisión se adopta atendiendo al interés superior de los hijos menores. |
| Visitas y comunicaciones | Sí | Pueden limitarse o suspenderse cuando concurran circunstancias graves. |
| Pensión de alimentos de los hijos | Sí | Se calcula según las necesidades de los hijos y la capacidad económica de cada progenitor. |
| Uso de la vivienda familiar | Sí | Atribuir el uso no cambia por sí solo la propiedad ni libera frente al banco. |
| Pensión compensatoria | Sí, si se solicita y se acredita | No nace automáticamente por existir diferencia de ingresos. |
| Cuidado y gastos de animales de compañía | Sí | Se valoran el interés de la familia y el bienestar del animal, con independencia de quién sea su titular. |
| Disolución del régimen económico matrimonial | Sí | La sentencia firme lo disuelve o extingue. |
| Inventario, valoración y reparto completo de los bienes | No siempre | Sin acuerdo, la liquidación suele tramitarse en un procedimiento posterior. |
Qué es un divorcio contencioso y cuándo se utiliza
Se habla de divorcio contencioso cuando uno de los cónyuges presenta la demanda sin una propuesta aceptada por ambos. No hace falta que la otra persona se niegue a divorciarse: también se utiliza cuando los dos quieren poner fin al matrimonio, pero no logran acordar una o varias medidas.
Esas diferencias pueden referirse, por ejemplo, a dónde vivirán los hijos, cómo se organizarán sus tiempos con cada progenitor, cuánto debe aportar cada uno a sus gastos, quién usará temporalmente la vivienda o si existe un desequilibrio económico que justifique una pensión compensatoria.
Según el Código Civil, puede pedir el divorcio uno de los cónyuges, ambos o uno con el consentimiento del otro. Como regla general, deben haber transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. No es necesario esperar ese tiempo cuando existe riesgo para la vida, la integridad, la libertad o la indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos.
Por tanto, en España no hay que alegar infidelidad, abandono u otra “culpa” para conseguir el divorcio. Esos hechos solo resultan relevantes si tienen consecuencias jurídicas concretas, como una situación de violencia, un riesgo para los menores o una cuestión patrimonial que deba probarse.
Antes de presentar la demanda: negociación previa y excepciones
Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige con carácter general acreditar un intento previo de negociación antes de presentar una demanda civil. La norma extiende este requisito a los procesos matrimoniales, aunque con límites importantes.
Ni el vínculo matrimonial ni los derechos indisponibles de los hijos pueden convertirse en moneda de cambio. Lo que sí puede intentarse es un acuerdo sobre las consecuencias del divorcio: organización familiar, pensiones, uso de la vivienda, reparto de cargas o cuestiones patrimoniales, siempre sujeto al control judicial cuando afecte a menores.
Ese intento puede articularse mediante negociación directa entre las partes o sus abogados, mediación, conciliación, una oferta vinculante confidencial u otro medio admitido por la ley. Lo esencial es poder documentar la invitación, su recepción, el objeto de la negociación y, cuando proceda, que terminó sin acuerdo. La información intercambiada durante la negociación es confidencial, salvo las excepciones legales.
No debe confundirse esta exigencia con una obligación de alcanzar un pacto. Si la otra persona no responde o no existe acuerdo, se puede acudir al juzgado una vez cumplidos los requisitos legales. Además, no se exige negociación previa para solicitar medidas provisionales anteriores a la demanda ni para determinadas medidas urgentes de protección de menores.
En contextos de violencia de género o doméstica, la prioridad es la protección. La mediación está vedada en los supuestos legalmente previstos y el requisito previo no debe retrasar la solicitud de medidas urgentes ni la activación de los recursos policiales y judiciales correspondientes.
Cómo funciona un divorcio contencioso, paso a paso
La tramitación se rige principalmente por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aunque cada procedimiento tiene sus particularidades, el recorrido habitual es el siguiente.
1. Análisis del caso y recopilación de documentos
Antes de demandar conviene identificar qué medidas se pedirán y qué prueba permite sostenerlas. La demanda debe acompañarse del certificado de inscripción del matrimonio y, si hay hijos, de sus certificados de nacimiento. Cuando se solicitan medidas económicas, también deben aportarse los documentos disponibles sobre la situación de los cónyuges y, en su caso, de los hijos.
Según el asunto, pueden ser relevantes nóminas, declaraciones tributarias, extractos bancarios, títulos de propiedad, información registral, contratos de préstamo, gastos escolares o sanitarios, calendarios de cuidados y comunicaciones que acrediten hechos concretos. Reunir prueba útil no significa volcar conversaciones privadas sin criterio: debe existir una finalidad procesal legítima y respetarse la legalidad en su obtención.
2. Cumplimiento del requisito de negociación cuando proceda
El abogado determina qué modalidad resulta adecuada y deja constancia documental del intento. Si se alcanza un acuerdo completo, el divorcio puede tramitarse de mutuo acuerdo. Si solo hay acuerdo sobre algunos puntos, ese avance puede reducir lo que deberá discutir el juez.
3. Presentación de la demanda
El procedimiento contencioso requiere abogado y procurador. La demanda se presenta ante el órgano judicial territorialmente competente y debe concretar tanto la petición de divorcio como cada medida solicitada.
La competencia corresponde, con carácter general, al tribunal del domicilio conyugal. Si los cónyuges residen en partidos judiciales distintos, la ley contempla como opciones el último domicilio del matrimonio o la residencia de la parte demandada, con los matices aplicables a cada situación.
4. Contestación y posible reconvención
Una vez admitida la demanda, se entrega copia al otro cónyuge para que conteste. El plazo procesal ordinario es de 20 días hábiles. En esa respuesta puede oponerse a las medidas solicitadas y proponer alternativas con su correspondiente prueba.
En algunos casos deberá formularse reconvención para introducir una pretensión propia que no quede ya sometida al pronunciamiento judicial por la demanda. Esto resulta especialmente importante cuando se pretende obtener una pensión compensatoria y esa petición no está en el procedimiento. No conviene confiar en que cualquier solicitud podrá añadirse informalmente durante la vista.
5. Medidas provisionales si hacen falta
La familia no siempre puede esperar a la sentencia para ordenar su día a día. Se pueden solicitar medidas provisionales antes de presentar la demanda o junto con ella para regular temporalmente cuestiones como:
- con quién residirán los hijos y cómo se relacionarán con el otro progenitor;
- las contribuciones económicas de cada cónyuge;
- el uso de la vivienda y del ajuar familiar;
- el cuidado de los animales de compañía;
- la administración de bienes comunes.
Si las medidas se solicitan antes de la demanda, esta debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a su adopción para que mantengan su eficacia. Lo acordado provisionalmente no determina de manera automática el contenido de la sentencia, aunque la realidad familiar creada durante el proceso puede convertirse en un dato relevante.
6. Prueba, intervención del Ministerio Fiscal y audiencia de los hijos
Cuando hay hijos menores, interviene el Ministerio Fiscal para velar por su interés. El tribunal puede valorar documentos, interrogatorios, testigos, informes médicos, escolares o psicosociales y cualquier otra prueba pertinente y obtenida legalmente.
Los hijos deben ser escuchados cuando tienen suficiente madurez y, en todo caso, si han cumplido 12 años. La audiencia se realiza con condiciones adecuadas a su edad y preservando su intimidad. Escuchar al menor no equivale a trasladarle la responsabilidad de elegir entre sus progenitores: su opinión se pondera junto con el resto de las circunstancias.
7. Vista y sentencia
Si el asunto continúa sin acuerdo, se celebra una vista. Los cónyuges deben comparecer personalmente, además de estar asistidos por sus abogados. En ella se practican las pruebas admitidas y cada parte defiende las medidas que considera adecuadas.
La sentencia declara el divorcio y fija las medidas definitivas. Si se recurre únicamente el contenido de esas medidas, la disolución del matrimonio puede adquirir firmeza sin esperar a que termine el recurso. Las medidas continúan siendo eficaces y, si se incumplen, puede solicitarse su ejecución.
Cuánto tarda un divorcio contencioso
No existe una duración oficial aplicable a todos los divorcios contenciosos. Los plazos que la ley concede para contestar o practicar determinadas actuaciones no incluyen el tiempo que el órgano judicial necesita para señalar vistas, obtener informes o dictar resolución.
| Factor | Cómo puede influir en la duración |
|---|---|
| Carga de trabajo del tribunal | Condiciona la fecha de la vista y de otras actuaciones. |
| Necesidad de medidas provisionales | Añade una comparecencia, aunque permite ordenar antes la situación familiar. |
| Hijos menores y evaluación psicosocial | Puede requerir entrevistas e informes especializados. |
| Prueba económica o patrimonial compleja | Obliga a solicitar documentación, tasaciones o periciales. |
| Dificultad para localizar a la otra parte | Retrasa la notificación y el inicio efectivo de los plazos. |
| Elementos internacionales | Pueden complicar la competencia, las notificaciones o la obtención de prueba. |
| Acuerdo durante el procedimiento | Puede acortar el litigio y permitir pasar a la tramitación de mutuo acuerdo. |
| Recurso contra la sentencia | Prolonga la discusión sobre las medidas impugnadas. |
Como orientación prudente, un procedimiento sin incidencias suele medirse en meses, no en semanas. Si son necesarias evaluaciones especializadas, existe una discusión económica extensa o se interpone recurso, puede durar más de un año. Dar una cifra cerrada sin revisar el órgano competente y las pruebas necesarias sería poco fiable.
Las medidas provisionales sirven precisamente para evitar que la falta de sentencia deje sin regular durante ese tiempo la residencia de los hijos, los alimentos, la vivienda u otras necesidades urgentes.
Qué decide el juez sobre los hijos
Toda decisión debe partir del interés superior del menor. El tribunal valora la dedicación anterior de cada progenitor, su disponibilidad y aptitudes, la relación de los hijos con cada uno, la capacidad de cooperación, las distancias entre domicilios, los horarios, los apoyos familiares y cualquier circunstancia que afecte a su estabilidad y seguridad.
Patria potestad y guarda y custodia no son lo mismo
La patria potestad reúne deberes y facultades sobre decisiones relevantes de la vida de los hijos, mientras que la guarda y custodia se refiere a la convivencia y los cuidados cotidianos. El divorcio no extingue por sí solo las responsabilidades parentales. El juez puede establecer cómo se ejercerán y adoptar limitaciones cuando exista una causa legal.
Esta diferencia es esencial para saber qué decisiones requieren la participación de ambos progenitores. La explicamos con detalle en la guía sobre qué es la patria potestad y cómo se diferencia de la custodia.
Custodia, estancias y comunicaciones
La custodia puede atribuirse a un progenitor o compartirse. No se concede como premio o sanción, sino por su adecuación a las necesidades del menor. La ley obliga a valorar también la existencia de procedimientos penales o indicios fundados de violencia doméstica o de género, supuestos que pueden impedir la custodia conjunta y justificar restricciones en las relaciones.
Si esta es la principal controversia, resulta útil revisar en qué casos se deniega la custodia compartida. En el divorcio contencioso, la respuesta siempre dependerá de la prueba del caso concreto, no de una preferencia automática por un modelo.
Pensión de alimentos y gastos de los hijos
El juez fija la contribución de cada progenitor según las necesidades de los hijos y los recursos económicos disponibles. La custodia compartida no elimina por sí sola una pensión de alimentos: puede seguir siendo necesaria si existe una diferencia económica relevante o un reparto desigual de gastos y tiempos.
La resolución también puede ordenar cómo se satisfarán determinados gastos. Para reducir conflictos posteriores conviene que las peticiones distingan con claridad los gastos ordinarios cubiertos por la pensión de aquellos extraordinarios que necesitan un sistema específico de decisión y pago.
Vivienda familiar, hipoteca y patrimonio
El juez puede atribuir el uso de la vivienda familiar, pero ese pronunciamiento no transmite la propiedad. Si la casa pertenece a ambos, seguirá perteneciendo a ambos hasta que se venda, se adjudique o se liquide el patrimonio por la vía correspondiente.
Cuando hay hijos menores y no existe un acuerdo aprobado, el Código Civil vincula normalmente el uso a los hijos y al progenitor con quien quedan, con reglas específicas para custodia compartida, hijos con discapacidad y otras circunstancias. Si no hay hijos, el uso puede atribuirse temporalmente al cónyuge no propietario cuando su interés sea el más necesitado de protección.
La sentencia tampoco modifica por sí sola el contrato hipotecario. Aunque entre los cónyuges se distribuya el pago, ambos seguirán respondiendo frente al banco si ambos firmaron el préstamo, salvo que la entidad acepte expresamente una novación o liberación.
La sentencia no siempre reparte todos los bienes
La firmeza del divorcio disuelve o extingue el régimen económico matrimonial. Sin embargo, cuando no hay acuerdo, inventariar, valorar y adjudicar los bienes comunes suele requerir después el procedimiento de liquidación previsto en los artículos 806 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta separación tiene consecuencias prácticas: se puede obtener el divorcio y regular la familia sin esperar a cerrar cada discusión sobre una vivienda, una empresa, inversiones o deudas. Confundir ambos procedimientos suele generar expectativas incorrectas sobre la sentencia.
Pensión compensatoria: cuándo puede reconocerse
La pensión compensatoria no se concede por la mera diferencia de salarios ni funciona como una indemnización por la ruptura. El artículo 97 del Código Civil exige que el divorcio produzca a uno de los cónyuges un desequilibrio económico respecto de la posición del otro y un empeoramiento en relación con su situación durante el matrimonio.
Para decidir, el juez puede valorar la edad y salud, la cualificación profesional, las posibilidades de acceder a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la duración del matrimonio, la pérdida eventual de derechos de pensión, el patrimonio y las necesidades de ambos.
La compensación puede consistir en una pensión temporal, una pensión por tiempo indefinido o una prestación única. Debe solicitarse y acreditarse dentro del proceso en la forma adecuada; el juez no la añade de oficio porque aprecie una diferencia económica.
Qué ocurre con los animales de compañía
El juez puede decidir a quién se confía el cuidado de los animales, cómo podrá tenerlos el otro cónyuge y cómo se repartirán los gastos. La titularidad formal no es el único criterio: el Código Civil ordena atender al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal.
También puede excluirse la guarda conjunta de los hijos cuando el tribunal advierta malos tratos a animales o amenazas de causarlos como medio para controlar o victimizar al cónyuge o a los hijos. La violencia ejercida a través de un animal no es un detalle ajeno al conflicto familiar.
Cuánto cuesta un divorcio contencioso
No hay un precio único. Dependerá del número de cuestiones discutidas, el volumen de documentación, las comparecencias, la necesidad de medidas provisionales, la intervención de peritos y la existencia de recursos o ejecuciones posteriores.
Los principales costes posibles son:
- honorarios de abogado;
- arancel del procurador;
- informes periciales privados, tasaciones o evaluaciones económicas cuando sean necesarios;
- actuaciones adicionales, como recursos, ejecución de sentencia o liquidación del régimen económico.
Las personas físicas están exentas de la tasa judicial estatal conforme a la Ley 10/2012. Esto no elimina los honorarios de los profesionales ni garantiza que nunca exista una condena en costas. La conducta procesal y una negativa injustificada a negociar pueden tener consecuencias en esta materia conforme a las reglas vigentes.
Antes de empezar es razonable pedir una hoja de encargo que defina qué actuaciones incluye el presupuesto y cuáles se facturarían aparte. Si no se dispone de recursos suficientes, debe comprobarse si se cumplen los requisitos para solicitar asistencia jurídica gratuita.
¿Puede alcanzarse un acuerdo después de presentar la demanda?
Sí. El procedimiento puede transformarse en uno de mutuo acuerdo en cualquier momento si ambos cónyuges presentan una propuesta aceptada. También es posible pactar solo algunas medidas y limitar el juicio a lo que continúa en discusión.
Un acuerdo no siempre significa dividir todo por mitades ni aceptar la primera propuesta. Debe ser viable, proteger a los hijos y anticipar situaciones que suelen provocar nuevos conflictos: vacaciones, cambios de domicilio, gastos extraordinarios, comunicaciones, entrega de documentación, venta de la vivienda o cuidado de los animales.
Cuando hay menores, el tribunal y el Ministerio Fiscal revisan el convenio. El juez puede no aprobar una medida que sea perjudicial para ellos o gravemente dañosa para uno de los cónyuges.
Después de la sentencia: modificación y cumplimiento
Las medidas definitivas no son inmutables. Pueden modificarse judicialmente cuando cambian sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta al adoptarlas. Una pérdida estable de ingresos, un cambio relevante en las necesidades de los hijos o una nueva organización familiar pueden justificar la revisión, pero no basta cualquier variación menor ni conviene dejar de cumplir unilateralmente mientras se solicita.
Si una de las partes incumple la sentencia, la otra puede instar su ejecución. Esto puede afectar al pago de pensiones, la entrega de los hijos, el régimen de estancias, el uso de la vivienda u otras obligaciones. En determinados incumplimientos reiterados pueden adoptarse medidas adicionales, pero siempre debe utilizarse la vía judicial adecuada.
Qué preparar antes de consultar a un abogado
Una primera consulta resulta más útil si se lleva una relación breve de los hechos, las medidas que preocupan y la documentación disponible. Conviene reunir, sin manipular ni obtener de forma ilícita:
- datos del matrimonio y de los hijos;
- domicilios y organización familiar actual;
- ingresos, gastos esenciales, deudas y bienes;
- documentación de la vivienda y los préstamos;
- necesidades ordinarias y especiales de los hijos;
- resoluciones judiciales o denuncias anteriores, si existen;
- una cronología de hechos relevantes y propuestas de solución.
El objetivo inicial no es acumular papeles, sino identificar qué debe pedirse, qué necesita protección inmediata y qué puede probarse. Una estrategia temprana también ayuda a decidir si procede solicitar medidas provisionales, cómo cumplir la negociación previa y qué asuntos conviene reservar para una liquidación patrimonial posterior.
Si necesitas valorar un divorcio en Alicante o Elche, el equipo de abogados de familia y divorcios de Nucley puede estudiar las medidas familiares y económicas del caso, comprobar si existe una vía de acuerdo y preparar la defensa judicial cuando el procedimiento contencioso sea necesario.